Causas de la Depreciación del Salario del Magistrado.

CAUSAS DE LA DEPRECIACIÓN DEL SALARIO DEL MAGISTRADO.

Por Tadeo Zarratea*

En el artículo anterior hemos visto el grado de depreciación del salario del Magistrado Judicial. Hemos demostrado por tres vías diferentes que nuestro salario básico ha perdido más del 100 % de su poder adquisitivo en más de diez años de congelamiento total. En el presente analizamos las causas por las cuales, a nuestro juicio, se ha llegado a dicha situación.
Sin perjuicio de otros factores que pudieron haber concurrido para el efecto, encontramos que las principales causas son: 1) La conducta colectivamente claudicante del gremio de Magistrados. 2) La desidia de la Corte Suprema de Justicia. 3) Una política de abierto menoscabo promovida por el Poder Ejecutivo. 4) Una posición inconsecuente del Poder Legislativo. 5) La falta de comunicación del Poder Judicial con la sociedad civil.
No es razonable culpar de la desgracia propia a los demás sin asumir antes la parte de culpa que nos corresponde; por ello comenzamos el análisis del presente caso con el ejercicio de la autocrítica.

La conducta colectivamente claudicante del gremio de los Magistrados.

Este subtítulo por sí solo ya lo dice casi todo. No se puede justificar que un estamento de trabajadores calificados y debidamente agremiados para la defensa de sus intereses, haya dejado de luchar por más de diez años por un derecho legítimo y de interés primordial para todo trabajador como es el reajuste del salario. Cualquiera otra reivindicación puede postergarse menos la defensa del poder adquisitivo del salario, porque este es devorado año tras año por la inflación, y porque el salario no sólo constituye la contraprestación directa del trabajo humano sino que reviste carácter alimentario; es un derecho vital para el trabajador y su familia. En nuestro caso las distintas Comisiones Directivas de la Asociación que se sucedieron en los últimos diez años no pasaron del discurso engañoso; de la mímica o remedo de reclamo; de los actos propagandísticos consistentes en presentarse acompañado de periodistas ante el Presidente de la Corte Suprema y formular “un pedido de aumento de los salarios de los Magistrados”, recibir la promesa de que la Corte se ocupará del caso y dar al acto la más amplia publicidad. Esta repetida “forma de lucha” fue una práctica engañosa porque cualquiera sabe que las asignaciones salariales del personal judicial no dependen de la Corte Suprema, sino de los Poderes políticos que sancionan y promulgan anualmente la ley del presupuesto general del Estado, y se sabe también que estos Poderes no se conmueven ante la mera petición. Incluso se percibe que últimamente prestan menos oídos a las razones y con mayor frecuencia ceden ante los actos de fuerza, de los paros, de las ocupaciones y otras formas de chantaje colectivo.
Al asumir la conducción del gremio, en abril de 2007, encontramos que la Asociación no tiene establecido ningún plan de lucha. Ni siquiera ha realizado el análisis científico de la depreciación salarial. Encontramos que los colegas no tienen conocimiento del porcentaje o grado de deterioro de su salario; lo sienten a través de sus necesidades pero nadie se detuvo a analizar el nivel o grado de ese deterioro ni de sus causas. Nuestra dirigencia gremial no ha emprendido una lucha real, seria y sistemática, por el reajuste salarial. Se equivocó hasta en el nombre del fenómeno, porque en vez de hablar de reajuste salarial o recuperación del poder adquisitivo del salario, hablaba de “aumento”, hecho que configura una torpeza, porque no es nada fácil convencer con esa palabra a los Poderes políticos predispuestos en contra del Poder Judicial y menos a la opinión pública mal informada como consecuencia de tanto discurso descalificante. No obstante todo ello, la dirigencia anterior, que detentó el poder por cuatro bienios, estuvo a un paso de ser premiada con una quinta reelección. Los señores Magistrados, cuyos salarios perdieron más del 100% de su poder adquisitivo, volvieron a votarla masivamente. Luego, estamos como estamos porque somos lo que somos.

La desidia de la Corte Suprema.

Los Magistrados no podemos declararnos en huelga ni salir a cerrar rutas en demanda de mejoras salariales, debido a las altas y delicadas funciones que ejercemos. Por ello, es la Corte Suprema la que debe representarnos y defender nuestros derechos e intereses en las instancias correspondientes. Ella tiene el deber de velar por la intangibilidad de las remuneraciones de los Magistrados. Esa función no la puede ejercer otra repartición pública ni persona. Si bien como lo tenemos dicho, la Corte Suprema no tiene poder sobre el presupuesto, no es menos cierto que ha descuidado por demasiado tiempo y de modo muy grave los salarios del personal de su dependencia. En el año 1995 se establecieron salarios dignos para los Magistrados Judiciales; por tanto no era cuestión de conquistarlo sino de defender esos niveles salariales. La Corte Suprema de entonces no debió tolerar el congelamiento de los sueldos por más de tres años, porque el hecho revelaba un aparente despropósito de los otros Poderes. Sin embargo aquella Corte Suprema se dejó avasallar, presionada por el discurso político que atribuía al Poder Judicial una supuesta mayor carga de corrupción en el sector público; discurso interesado y engañoso por cuanto que los recursos públicos anuales son manejados en más del 90% por el Poder Administrador. Admitimos que los miembros del Congreso Nacional y del Poder Judicial podemos corrompernos; por qué no, si existen tantos corruptores, pero no está en nuestras manos la administración del dinero del Estado. Haciendo un buen estudio del caso es posible que se concluya que la mayor corrupción y la más dañina, está fuera de estos dos Poderes, los cuales no por ello se hallan exentos de corrupción, porque dar una sentencia o votar a favor de un proyecto de ley a cambio de dinero, no puede calificarse sino como hecho de corrupción.
En suma, la Corte Suprema no puede tolerar esta grave injusticia y tiene el deber de enmendar su descuido; debe comenzar con la realización de análisis económicos más completos y consistentes que el nuestro; cuenta para el efecto con un frondoso aparato administrativo y cuenta con poder de negociación frente a los otros Poderes del Estado.

Una política de abierto menoscabo promovida por el Poder Ejecutivo.

Sería injusto culpar de la preterición del Poder Judicial al elenco actual del Poder Ejecutivo, porque el ninguneo (**) se inició en otras administraciones. Sin embargo no está exento porque trajo entre sus promesas políticas electorales “la pulverización del Poder Judicial” y “la remoción de hasta el último juez de paz”. Es evidente que el equipo que llegaba al poder pensó corregir con esas medidas las supuestas desviaciones de rumbo que llevaba el país y también es evidente que sobredimensionó el poder y el rol del Poder Judicial. Fue un error de diagnóstico y como tal excusable, pero el hecho puso en evidencia que la cuestión estaba y sigue estando indebidamente politizada. Para colmo ahora tenemos precandidatos que repiten el mismo discurso, prueba de que la clase política no asume que el Poder Judicial es autónomo; que configura un sistema y que como tal tiene su proceso propio de integración y de depuración; un proceso largo y lento, es verdad, pero es el único camino legítimo y válido. Toda intervención externa no hace sino retardar el proceso de consolidación y de autodepuración del Poder Judicial.
Pero lo más grave de todo es la pretensión de los Poderes políticos de conseguir jueces honestos a través de la estrategia de someterlos a la prueba del hambre. Congelar el salario del juez por más de diez años y obligarlo a que se haga cargo de la inflación que se registra en ese lapso, no puede ser calificada sino como un atentado contra el Estado de Derecho; como una conspiración perversa contra el principio republicano de división tripartita del poder. Si dos de los Poderes del Estado se complotan para matar por inanición al tercero, naturalmente la República no podrá estar de pie.

Una posición inconsecuente del Poder Legislativo.

Tampoco el actual Legislativo inició esta política de castigo al Poder Judicial. Pero fue éste el que comulgó plenamente con el discurso del Ejecutivo atribuyendo todos los males del país al Poder Judicial. No sabemos las motivaciones de estas actitudes. Es posible que hayan sido asumidas por mera ignorancia o inconciencia del daño que con ella se causa a la República. O tal vez se haya hecho simplemente porque es fácil de hacer; porque el P.J. es un Poder que no responde a los ataques, que no está instalada en la polémica, que ni siquiera se defiende porque no le es permitida en razón de su propia naturaleza. El cuestionador del P.J. se corta solo y puede seguir hasta el cansancio.
Aparentemente el Poder Legislativo se dejó llevar por la política equivocada del Ejecutivo, hecho que lo llevó a asumir una posición inconsecuente. Cada año se niega a reajustar los salarios de los jueces alegando crispaciones con la Corte, crisis de Poder, corrupción, incompetencia, etc., como si los Magistrados inferiores fueramos responsables de la Corte Suprema que se tiene o de los supuestos errores que ella comete. Cualquiera sabe que la Corte es puesta por los dos Poderes políticos de consuno y que sus actos escapan absolutamente al control de los jueces inferiores. El control funciona exactamente al revés. No se puede justificar una política de Estado diciendo: “Mientras esa Corte esté allí los jueces no recibirán reajuste”. No puede haber una actitud más irracional que ésta.
No cabe dudas de que el Parlamento debe reconsiderar su actitud con respecto del Poder Judicial, el cual no se agota en la Corte Suprema. Es imperioso que asuma actitudes más racionales y mas justas, especialmente con los jueces, y que conste que no pedimos clemencia ni conmiseración, solamente justicia. No le negamos el derecho y el deber de impulsar el proceso de depuración del personal judicial, pero no debe perder de vista que existe una mayoría de jueces que no está acusada, que no está imputada ni procesada, y tal vez hasta libre de toda sospecha. Esa mayoría merece respeto y merece ser considerada honesta mientras no se pruebe su deshonestidad. Pero he aquí que esa mayoría también está condenada por los Poderes Políticos y sin proceso alguno. Está condenada a vivir estrechamente, a sobrevivir con salarios de hambre. Esa es su condena. Los jueces formalmente acusados tal vez lleguen a ser removidos, pero tendrán sustitutos, y ellos estarán nuevamente sometidos a salarios de hambre, nuevamente expuestos a la corrupción, y así seguirá esta espiral interminable. Es la ruta de la irracionalidad, un aspecto del surrealismo político paraguayo.

La falta de comunicación del Poder Judicial con la sociedad civil.

Finalmente señalamos esta como causa del congelamiento de los salarios. El Poder Judicial no estableció un sistema de comunicación directa con la sociedad civil; dejó que esa comunicación se realizara a través de terceros, y de terceros que tienen intereses creados en la cuestión. Fue amedrentada, arrinconada y aislada de la sociedad civil. Sin embargo, el Poder Judicial, con todas sus falencias, es un Poder digno; un Poder ejercido por gente calificada y a través de reglas bien establecidas. En su ámbito todo puede transparentarse y se debe transparentar. Todos los juicios deben ser orales y públicos cuanto antes y en la medida de lo posible, para reducir los niveles de corrupción. Todo debe ponerse a conocimiento del público para generar un diálogo con la sociedad civil. Esa es la mejor defensa del Poder Judicial.




(*) Tesorero de la Asociación de Magistrados Judiciales.
(**) Ningunear significa hacer de uno ninguno.