martes, 13 de noviembre de 2007

Nota al Presidente de la Honorable Cámara de Senadores


Asunción, 13 de noviembre de 2007.

SEÑOR PRESIDENTE:

Nos dirigimos a V.E. y por su intermedio a la Honorable Cámara de Senadores, y en especial a la Comisión de Hacienda y Presupuesto de esa Honorable Cámara, en nombre y representación de la ASOCIACIÓN DE MAGISTRADOS JUDICIALES DEL PARAGUAY, de la COORDINADORA DE ACTUARIOS JUDICIALES, del SINDICATO DE FUNCIONARIOS DE LOS REGISTROS PÚBLICOS, del SINDICATO DE FUNCIONARIOS JUDICIALES DEL PARAGUAY y del PRIMER SINDICATO DE TRABAJADORES JUDICIALES DEL PARAGUAY, a fin de comunicarle que la huelga que se halla en curso en el Poder Judicial es en demanda del 15% de reajuste salarial sobre el salario básico actual para todo el personal, incluyendo a la Magistratura, la Defensoría, la Sindicatura y el funcionariado de la sección jurisdiccional, de los Registros Públicos y de los servicios en general.

Aclaramos además que el referido porcentaje lo pretendemos con independencia del reajuste otorgado en el presente año por vía de ampliación presupuestaria, y siempre que sea posible sin afectar las partidas asignadas a los diversos rubros en el proyecto de presupuesto elevado por la Corte Suprema de Justicia.

Apelamos a la sensibilidad social y patriótica de los señores Senadores de la Nación para con los servidores del Poder Judicial, por cuya dignificación y fortalecimiento emprendimos esta lucha. No escapará del conocimiento de los señores Senadores que llevamos más de una década sin reajuste salarial, tiempo durante el cual la inflación ha causado estragos en el presupuesto familiar de nuestros asociados.

Atendiendo a la paralización total del servicio de Justicia en todo el país, solicitamos el dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto en la brevedad posible, así como la convocatoria de una Sesión extraordinaria del pleno para el día martes 20 de noviembre de 2007.

En la seguridad de que una respuesta positiva de esa Honorable Cámara redundará en un gran servicio a la Nación, saludamos a V.E. con nuestra más alta y distinguida consideración.



A. S. E.
Presidente de la Honorable Cámara de Senadores
Dr. MIGUEL ABDÓN SAGUIER
E. S. D.

c.c.: al señor Presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Honorable Cámara de Senadores, Senador Enrique González Quintana.

Declaración de la Asociación de Abogados Laboralistas sobre remuneraciones en el Poder Judicial.


DECLARACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE ABOGADOS LABORALISTAS SOBRE REMUNERACIONES EN EL PODER JUDICIAL.

Ante el rezago de las remuneraciones de los magistrados judiciales, en comparación con los salarios de miembros de los demás poderes del Estado y de otros funcionarios públicos, la ASOCIACIÓN DE ABOGADOS LABORALISTAS declara:

1.- La remuneración de los magistrados judiciales constituye un componente importante de la calidad del servicio que la Justicia debe prestar a los habitantes de la República. La seguridad jurídica, que con justificada razón se exige y reclama al Poder Judicial, pasa también por una digna remuneración de quienes son sus operadores principales. No es posible pretender una Justicia que satisfaga las necesidades de la población, si las remuneraciones no llegan a cubrir las necesidades económicas, sociales y culturales de los magistrados y sus familias. Y si el Congreso y el Poder Ejecutivo siguen incumpliendo el artículo 249 de la Constitución en cuanto dispone que en el Presupuesto General de la Nación se le asignara (al Poder Judicial) una cantidad no inferior al tres por ciento del Presupuesto de la Administración Central.

2.- El olvido de que han sido víctimas los magistrados judiciales, en comparación con los desconsiderados emolumentos que perciben personas que ocupan cargos en los entes binacionales, sin más requisitos que los de ser amigos o allegados de quienes los nombran; o los miembros del Poder Legislativo, que tampoco requieren de más exigencia que la de ubicarse en posiciones favorables en las “listas sábana” que cada cinco años se ofrece a la ciudadanía, este olvido, entendemos, constituye una forma más de sometimiento a los integrantes del Poder Judicial, que para completar sus requerimientos económicos, en el mejor de los casos, deben ubicarse en cuanta cátedra se les ofrecen, la docencia secundaria y/o universitaria, descuidando con ello las labores para las cuales el Estado les confío jurisdicción y competencia, en violación de la Acordada Nº 7/83 de la Corte Suprema de Justicia.

3.- De ninguna manera sugerimos que los salarios actuales justifican la deshonestidad, la negligencia y la mediocridad en el ejercicio de la magistratura judicial, pero entendemos que una adecuada remuneración coadyuva al mantenimiento de una conducta decorosa y proba de quienes tienen a su cargo la gestión más importante dentro de un sistema democrático y republicano, como es la de aquellos que tienen entre sus facultades las de decidir sobre la vida y hacienda de la población. Es más probable que quien se sienta reconocido salarialmente cuide su puesto de trabajo, se capacite continuamente y lleve una vida decente acorde con la dignidad del cargo, que aquél que no lo sea.




4.- Según estudios realizados, el salario vital y móvil de los trabajadores ha tenido reajustes en los últimos 10 años en 7 oportunidades conforme al Código del Trabajo. Pero en todo ese tiempo el costo de vida ha sufrido incrementos que no se han reflejado en los salarios de los magistrados judiciales (excepto de los ministros de la Corte Suprema de Justicia), con lo cual el deterioro se hace más que evidente. La relación dólar/guaraní es otro parámetro que debe considerarse al solo efecto de demostrar el incremento del costo de vida que es común a todos los habitantes de la República. El dólar en 1997 costaba 2.170 guaraníes por lo que el salario del magistrado era entonces de 1.995 dólares mensuales. Hoy el dólar cuesta 5.069 ( más o menos) por lo que el salario del magistrado ha descendido ahora a 854 dólares americanos.

5.- Los abogados en general y los iuslaboralistas en particular, en ejercicio del derecho de peticionar a las autoridades competentes, reclamamos el mejoramiento de las condiciones salariales de los magistrados judiciales, porque de ellos dependen los resultados de la gestión que nos corresponde como auxiliares de la Justicia. La justicia pronta y barata que aspiramos requiere de jueces que se dediquen a tiempo completos y exclusivos a sus funciones. El atractivo de una justa remuneración habrá de atraer al Poder Judicial a profesionales abogados con sobrada capacidad y reconocida probidad. Bajas remuneraciones de jueces mediocres o indolentes, con dedicación laboral a tiempo parcial, solo conviene a los delincuentes y criminales que se aprovechan de estas debilidades para obtener beneficios indebidos y apañar sus actos ilícitos mediante resoluciones judiciales de favor.

Solicitamos a quienes corresponda establecer salarios y remuneraciones en el sector público, reconozcan a los miembros del Poder Judicial el derecho a una remuneración salarial acorde con sus delicadas funciones. Caso contrario seguiremos siendo la isla del desamparo en la que nos han sumido los malos administradores de los recursos presupuestarios del país.

Junta Directiva AAL

Asunción, 8 de septiembre de 2007

http://www.aalparaguay.org/d6.html

Propuestas para la recuperación del salario del Magistrado.


PROPUESTAS PARA LA RECUPERACIÓN
DEL SALARIO DEL MAGISTRADO
por Tadeo Zarratea *
En la nota anterior señalamos las causas por las cuales el salario del Magistrado Judicial se halla congelado por más de diez años y ha sufrido una pérdida del 131 % en su poder adquisitivo. Hemos hecho nuestra autocrítica como gremio y en resumen concluimos que junto con nosotros son culpables del hecho los tres Poderes del Estado. En la presente bosquejamos algunas propuestas de solución; pero antes realizamos algunas comparaciones finales para graficar la gravedad del caso. En 1997 el salario básico de un juez (4.329.000) equivalía a 8.1 salarios mínimos. Actualmente representa 3.5 salarios mínimos. Esta proletarización del estamento de los Magistrados Judiciales constituye un peligro para la vida de la República. No se compadece con los principios republicanos ni contribuye para la consolidación de la institucionalidad democrática. Por ello necesita una urgente solución.

Para no dramatizar la situación, proponemos a los Poderes políticos un plan trienal o a lo sumo quinquenal para la recuperación del poder adquisitivo de los salarios del Magistrado Judicial. Si se optara por un plan quinquenal necesitaríamos reajustes anuales sucesivos del 25 % durante cinco años para acercarnos a los niveles salariales establecidos en 1995; a dicho porcentaje deben sumarse los reajustes que en adelante se registren en el salario mínimo vital y móvil. Este es un plan viable, pero requiere de la comprensión y voluntad política del Parlamento y del Poder Ejecutivo. La fuente de financiamiento es fácil de identificar. El Poder Judicial tiene, como ningún otro Poder, ingresos propios, provenientes de las ventas de servicios extrajudiciales, y no es poco dinero. Algunos Economistas sostienen que el P.J. puede hacer frente a todos sus gastos con sus recursos propios, los cuales hoy son remesados en más del 60 % a rentas generales del Estado. Con esos recursos podría dar a sus jueces salarios justos y dignos. Otros dicen que esas recaudaciones son insuficientes; que igual necesitaría del tres por ciento del presupuesto general que le reserva la Constitución Nacional. Yo no sé; me gustaría sentarme a revisar los números. De todos modos existe la posibilidad de retener también el producto de las multas aplicadas en el fuero penal y las aplicadas a las empresas por violaciones de las leyes laborales. Tenemos noticias de que existen en ciertos países Poderes Judiciales autofinanciados por tales vías. En nuestro país, actualmente los Poderes políticos no le dan al Poder Judicial ese 3% porque incluyen dentro del Poder Judicial a la Fiscalía General del Estado, a la Defensoría General, la manutención de las cárceles y otros servicios que legalmente deben estar dentro del presupuesto por Poder Ejecutivo. Uno de los capítulos en la lucha por la autarquía del Poder Judicial es la retención de sus recursos genuinos.

Hallándonos afectados por una situación de injusticia y habida cuenta la falta de conciencia republicana que padece nuestra clase política, la cual no considera los rangos de los Magistrados judiciales y no judiciales de la República para establecer una mínima equivalencia entre los mismos, tendremos que pronunciarnos como estamento todos los años y sostener una lucha gremial continua. Indudablemente no es lo más saludable para el país, pero es el camino que nos queda. Estamos en la infancia de la democracia y en esta etapa el ejercicio abusivo del poder político es casi inevitable. Los Magistrados no judiciales, que son los parlamentarios y ministros del Poder Ejecutivo, se autoproclaman superiores a los de este Poder y obran en consecuencia. Por tanto, sólo nos queda el camino de la lucha.

Pero para emprender una lucha en pos de un objetivo se requiere una generalizada toma de conciencia del problema, definición clara del objetivo, educación gremial, organización adecuada, estrategia inteligente y voluntad de vencer. Y estas condiciones son, precisamente, las que ahora no tenemos. Los colegas sufren en silencio los bajos salarios; se defienden como pueden; esperan que se produzca el milagro de que de repente llegue la justicia salarial. Esta actitud revela una falta de conciencia que se tiene como trabajador común, la cual de tenerla tampoco sería suficiente en un funcionario con rango de Magistrado, que ejerce uno de los Poderes en el sistema republicano. En cuanto a la definición del objetivo ni se tiene pensado. Los colegas sólo quieren ganar más, no determinan cuánto más y sobre todo por qué corresponde ese salario mayor. También aquí falta inculcar y fortalecer la cultura del republicanismo. “Un salario digno para el juez” es un objetivo válido, pero deviene ambiguo si no se pone en relación con los demás salarios para determinar el cuantum, y eso debe establecerse en el contexto de los salarios generales públicos y privados, y dentro del sector público en el marco de un escalafonamiento de todos los dignatarios de la nación. En el otro aspecto, si miramos nuestra organización gremial encontramos algo parecido a un club social; con actividad casi exclusiva en la capital, sin propuestas para el interior, escasamente participativa, con nula actividad en educación gremial y en capacitación profesional. Su organización es tan antigua que todavía reproduce la macrocefalia asuncena. No se halla notificada todavía de la incipiente descentralización del Estado iniciada en 1992 y por tanto es enteramente disfuncional con la actual organización del Poder Judicial.

Observando este panorama nos proponemos, en primer lugar, rediseñar cuidadosamente nuestra organización gremial, siguiendo las pautas establecidas por la Constitución Nacional para todo el Estado y por la Corte Suprema de Justicia en su política de expansión del Poder Judicial. Proponemos fundar una Asociación de Magistrados en cada circunscripción judicial de la República, que sean soberanas en el marco de sus propios estatutos, autónomas y autárquicas, pero articuladas en una organización gremial de segundo grado, una federación de Magistrados y operadores de la justicia. La misma puede ser estamental o circunscripcional; es decir, los fiscales y defensores públicos pueden venir a la federación a través de sus organizaciones propias o integrados con los Magistrados en su área geográfica. Lo importante es que exista un gremio que, de verdad, abarca toda la República; que a través del mismo se comparta la responsabilidad de la conducción; que todos asuman la lucha por la dignificación del Poder Judicial, por los salarios justos, por la inamovilidad, por la transparencia de la gestión, la responsabilidad institucional, la decencia y el decoro. Sólo con una organización como esta podemos tener la fuerza para hacer escuchar nuestros reclamos, en este país donde las buenas razones valen poco y se generaliza cada día más el diálogo obligado por medidas de fuerza. Luego, en materia de lucha no es una mera escaramuza la que nos espera; y esa lucha no se puede desarrollar ni sostener con organizaciones débiles. Toda lucha emprendida sin un pleno conocimiento y una organización adecuada y eficaz, es ilusoria; es desgaste inútil y fuente de frustraciones.

También es importante que la Corte Suprema de Justicia comprenda el sentido de esta lucha y acompañe. No debe pensar ni por asomo que tiene enemigos en casa sino todo lo contrario. Se trata de dar poder al Poder Judicial; de trabajar por su independencia institucional y económica. Con la cooperación de todos nos proponemos cambiar en pocos años la imagen del Poder Judicial.

Proponemos que en el estudio del presupuesto para el año 2008 se atienda con preferencia los salarios, porque la gente está muy mal y estará peor cuando se profundice esta crisis que recién comienza. Evidentemente esta crisis tiende a acentuarse como secuela de la sequía, las quemazones y las inundaciones que se vienen. La carestía ya está en la puerta y la gente necesita mejorar sus salarios. Al efecto proponemos reducir la expansión del Poder Judicial hacia el interior; suspender las edificaciones y las creaciones de nuevos cargos; eliminar los viajes internacionales y las becas. Instaurar una economía de guerra y promover la austeridad. En esta propuesta nuestra asociación coincide con varios gremios de funcionarios del Poder Judicial y se propone seguir trabajando con ellos.

* Tesorero de la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay.

Causas de la Depreciación del Salario del Magistrado.


CAUSAS DE LA DEPRECIACIÓN DEL SALARIO DEL MAGISTRADO.

Por Tadeo Zarratea*

En el artículo anterior hemos visto el grado de depreciación del salario del Magistrado Judicial. Hemos demostrado por tres vías diferentes que nuestro salario básico ha perdido más del 100 % de su poder adquisitivo en más de diez años de congelamiento total. En el presente analizamos las causas por las cuales, a nuestro juicio, se ha llegado a dicha situación.
Sin perjuicio de otros factores que pudieron haber concurrido para el efecto, encontramos que las principales causas son: 1) La conducta colectivamente claudicante del gremio de Magistrados. 2) La desidia de la Corte Suprema de Justicia. 3) Una política de abierto menoscabo promovida por el Poder Ejecutivo. 4) Una posición inconsecuente del Poder Legislativo. 5) La falta de comunicación del Poder Judicial con la sociedad civil.
No es razonable culpar de la desgracia propia a los demás sin asumir antes la parte de culpa que nos corresponde; por ello comenzamos el análisis del presente caso con el ejercicio de la autocrítica.

La conducta colectivamente claudicante del gremio de los Magistrados.

Este subtítulo por sí solo ya lo dice casi todo. No se puede justificar que un estamento de trabajadores calificados y debidamente agremiados para la defensa de sus intereses, haya dejado de luchar por más de diez años por un derecho legítimo y de interés primordial para todo trabajador como es el reajuste del salario. Cualquiera otra reivindicación puede postergarse menos la defensa del poder adquisitivo del salario, porque este es devorado año tras año por la inflación, y porque el salario no sólo constituye la contraprestación directa del trabajo humano sino que reviste carácter alimentario; es un derecho vital para el trabajador y su familia. En nuestro caso las distintas Comisiones Directivas de la Asociación que se sucedieron en los últimos diez años no pasaron del discurso engañoso; de la mímica o remedo de reclamo; de los actos propagandísticos consistentes en presentarse acompañado de periodistas ante el Presidente de la Corte Suprema y formular “un pedido de aumento de los salarios de los Magistrados”, recibir la promesa de que la Corte se ocupará del caso y dar al acto la más amplia publicidad. Esta repetida “forma de lucha” fue una práctica engañosa porque cualquiera sabe que las asignaciones salariales del personal judicial no dependen de la Corte Suprema, sino de los Poderes políticos que sancionan y promulgan anualmente la ley del presupuesto general del Estado, y se sabe también que estos Poderes no se conmueven ante la mera petición. Incluso se percibe que últimamente prestan menos oídos a las razones y con mayor frecuencia ceden ante los actos de fuerza, de los paros, de las ocupaciones y otras formas de chantaje colectivo.
Al asumir la conducción del gremio, en abril de 2007, encontramos que la Asociación no tiene establecido ningún plan de lucha. Ni siquiera ha realizado el análisis científico de la depreciación salarial. Encontramos que los colegas no tienen conocimiento del porcentaje o grado de deterioro de su salario; lo sienten a través de sus necesidades pero nadie se detuvo a analizar el nivel o grado de ese deterioro ni de sus causas. Nuestra dirigencia gremial no ha emprendido una lucha real, seria y sistemática, por el reajuste salarial. Se equivocó hasta en el nombre del fenómeno, porque en vez de hablar de reajuste salarial o recuperación del poder adquisitivo del salario, hablaba de “aumento”, hecho que configura una torpeza, porque no es nada fácil convencer con esa palabra a los Poderes políticos predispuestos en contra del Poder Judicial y menos a la opinión pública mal informada como consecuencia de tanto discurso descalificante. No obstante todo ello, la dirigencia anterior, que detentó el poder por cuatro bienios, estuvo a un paso de ser premiada con una quinta reelección. Los señores Magistrados, cuyos salarios perdieron más del 100% de su poder adquisitivo, volvieron a votarla masivamente. Luego, estamos como estamos porque somos lo que somos.

La desidia de la Corte Suprema.

Los Magistrados no podemos declararnos en huelga ni salir a cerrar rutas en demanda de mejoras salariales, debido a las altas y delicadas funciones que ejercemos. Por ello, es la Corte Suprema la que debe representarnos y defender nuestros derechos e intereses en las instancias correspondientes. Ella tiene el deber de velar por la intangibilidad de las remuneraciones de los Magistrados. Esa función no la puede ejercer otra repartición pública ni persona. Si bien como lo tenemos dicho, la Corte Suprema no tiene poder sobre el presupuesto, no es menos cierto que ha descuidado por demasiado tiempo y de modo muy grave los salarios del personal de su dependencia. En el año 1995 se establecieron salarios dignos para los Magistrados Judiciales; por tanto no era cuestión de conquistarlo sino de defender esos niveles salariales. La Corte Suprema de entonces no debió tolerar el congelamiento de los sueldos por más de tres años, porque el hecho revelaba un aparente despropósito de los otros Poderes. Sin embargo aquella Corte Suprema se dejó avasallar, presionada por el discurso político que atribuía al Poder Judicial una supuesta mayor carga de corrupción en el sector público; discurso interesado y engañoso por cuanto que los recursos públicos anuales son manejados en más del 90% por el Poder Administrador. Admitimos que los miembros del Congreso Nacional y del Poder Judicial podemos corrompernos; por qué no, si existen tantos corruptores, pero no está en nuestras manos la administración del dinero del Estado. Haciendo un buen estudio del caso es posible que se concluya que la mayor corrupción y la más dañina, está fuera de estos dos Poderes, los cuales no por ello se hallan exentos de corrupción, porque dar una sentencia o votar a favor de un proyecto de ley a cambio de dinero, no puede calificarse sino como hecho de corrupción.
En suma, la Corte Suprema no puede tolerar esta grave injusticia y tiene el deber de enmendar su descuido; debe comenzar con la realización de análisis económicos más completos y consistentes que el nuestro; cuenta para el efecto con un frondoso aparato administrativo y cuenta con poder de negociación frente a los otros Poderes del Estado.

Una política de abierto menoscabo promovida por el Poder Ejecutivo.

Sería injusto culpar de la preterición del Poder Judicial al elenco actual del Poder Ejecutivo, porque el ninguneo (**) se inició en otras administraciones. Sin embargo no está exento porque trajo entre sus promesas políticas electorales “la pulverización del Poder Judicial” y “la remoción de hasta el último juez de paz”. Es evidente que el equipo que llegaba al poder pensó corregir con esas medidas las supuestas desviaciones de rumbo que llevaba el país y también es evidente que sobredimensionó el poder y el rol del Poder Judicial. Fue un error de diagnóstico y como tal excusable, pero el hecho puso en evidencia que la cuestión estaba y sigue estando indebidamente politizada. Para colmo ahora tenemos precandidatos que repiten el mismo discurso, prueba de que la clase política no asume que el Poder Judicial es autónomo; que configura un sistema y que como tal tiene su proceso propio de integración y de depuración; un proceso largo y lento, es verdad, pero es el único camino legítimo y válido. Toda intervención externa no hace sino retardar el proceso de consolidación y de autodepuración del Poder Judicial.
Pero lo más grave de todo es la pretensión de los Poderes políticos de conseguir jueces honestos a través de la estrategia de someterlos a la prueba del hambre. Congelar el salario del juez por más de diez años y obligarlo a que se haga cargo de la inflación que se registra en ese lapso, no puede ser calificada sino como un atentado contra el Estado de Derecho; como una conspiración perversa contra el principio republicano de división tripartita del poder. Si dos de los Poderes del Estado se complotan para matar por inanición al tercero, naturalmente la República no podrá estar de pie.

Una posición inconsecuente del Poder Legislativo.

Tampoco el actual Legislativo inició esta política de castigo al Poder Judicial. Pero fue éste el que comulgó plenamente con el discurso del Ejecutivo atribuyendo todos los males del país al Poder Judicial. No sabemos las motivaciones de estas actitudes. Es posible que hayan sido asumidas por mera ignorancia o inconciencia del daño que con ella se causa a la República. O tal vez se haya hecho simplemente porque es fácil de hacer; porque el P.J. es un Poder que no responde a los ataques, que no está instalada en la polémica, que ni siquiera se defiende porque no le es permitida en razón de su propia naturaleza. El cuestionador del P.J. se corta solo y puede seguir hasta el cansancio.
Aparentemente el Poder Legislativo se dejó llevar por la política equivocada del Ejecutivo, hecho que lo llevó a asumir una posición inconsecuente. Cada año se niega a reajustar los salarios de los jueces alegando crispaciones con la Corte, crisis de Poder, corrupción, incompetencia, etc., como si los Magistrados inferiores fueramos responsables de la Corte Suprema que se tiene o de los supuestos errores que ella comete. Cualquiera sabe que la Corte es puesta por los dos Poderes políticos de consuno y que sus actos escapan absolutamente al control de los jueces inferiores. El control funciona exactamente al revés. No se puede justificar una política de Estado diciendo: “Mientras esa Corte esté allí los jueces no recibirán reajuste”. No puede haber una actitud más irracional que ésta.
No cabe dudas de que el Parlamento debe reconsiderar su actitud con respecto del Poder Judicial, el cual no se agota en la Corte Suprema. Es imperioso que asuma actitudes más racionales y mas justas, especialmente con los jueces, y que conste que no pedimos clemencia ni conmiseración, solamente justicia. No le negamos el derecho y el deber de impulsar el proceso de depuración del personal judicial, pero no debe perder de vista que existe una mayoría de jueces que no está acusada, que no está imputada ni procesada, y tal vez hasta libre de toda sospecha. Esa mayoría merece respeto y merece ser considerada honesta mientras no se pruebe su deshonestidad. Pero he aquí que esa mayoría también está condenada por los Poderes Políticos y sin proceso alguno. Está condenada a vivir estrechamente, a sobrevivir con salarios de hambre. Esa es su condena. Los jueces formalmente acusados tal vez lleguen a ser removidos, pero tendrán sustitutos, y ellos estarán nuevamente sometidos a salarios de hambre, nuevamente expuestos a la corrupción, y así seguirá esta espiral interminable. Es la ruta de la irracionalidad, un aspecto del surrealismo político paraguayo.

La falta de comunicación del Poder Judicial con la sociedad civil.

Finalmente señalamos esta como causa del congelamiento de los salarios. El Poder Judicial no estableció un sistema de comunicación directa con la sociedad civil; dejó que esa comunicación se realizara a través de terceros, y de terceros que tienen intereses creados en la cuestión. Fue amedrentada, arrinconada y aislada de la sociedad civil. Sin embargo, el Poder Judicial, con todas sus falencias, es un Poder digno; un Poder ejercido por gente calificada y a través de reglas bien establecidas. En su ámbito todo puede transparentarse y se debe transparentar. Todos los juicios deben ser orales y públicos cuanto antes y en la medida de lo posible, para reducir los niveles de corrupción. Todo debe ponerse a conocimiento del público para generar un diálogo con la sociedad civil. Esa es la mejor defensa del Poder Judicial.




(*) Tesorero de la Asociación de Magistrados Judiciales.
(**) Ningunear significa hacer de uno ninguno.

Depreciación del Salario del Magistrado Judicial en los diez últimos años.


DEPRECIACIÓN DEL SALARIO DEL MAGISTRADO
JUDICIAL EN LOS DIEZ ÚLTIMOS AÑOS.

Por Tadeo Zarratea (*)

Introducción.

A mediados de la década del 90 se realizó un reordenamiento de los salarios del personal público en nuestro país. Fue, si mal no recuerdo, con motivo del descubrimiento de que los directores y consejeros paraguayos de las entidades binacionales Itaipu y Yasyretä tenían asignaciones muy superiores a las del Presidente de la República. El hecho produjo crispación en el Senado de la Nación y allí se resolvió convenir con la Cámara de Diputados y con el Poder Ejecutivo lo que se dio en llamar una reingeniería de los salarios. Se establecieron nuevas categorizaciones de conformidad con las responsabilidades, niveles y dignidades. El orden no recuerdo pero lo cierto es que los Magistrados Judiciales y los Miembros del Congreso Nacional quedaron virtualmente equiparados debido a la escasa diferencia de sus asignaciones básicas. Recuerdo que entonces en mi calidad de Senador de la Nación tenía una asignación igual a la que tengo en este año de 2007 como juez de primera instancia; y recuerdan los colegas que entonces ya eran jueces que este salario básico actual de un Juez de primera instancia, de G. 4.329.000 era el mismo en aquel entonces; los de segunda instancia tienen una asignación ligeramente superior, mientras el salario del Juez de Paz es aproximadamente la mitad. No sabemos con certeza cual es la relación actual entre los emolumentos del Presidente de la República y los Directores de los entes binacionales, pero sí que el salario del Magistrado Judicial se ha distanciado largamente de las dietas parlamentarias, debido a un congelamiento total por más de diez años.

1. El salario mínimo vital y el salario del Magistrado.

Pasando por alto el episodio, que apenas es un hecho anecdótico, veamos con objetividad la relación registrada entre el salario mínimo vital y el salario del Magistrado Judicial en los últimos diez años.

En efecto, en 1997 el salario mínimo vital era de G. 528.075 y el salario básico del Magistrado G. 4.329.000. Pero el salario mínimo legal o salario obrero, fue reajustado desde entonces SIETE VECES, mientras el salario del Magistrado no recibió reajuste alguno. Los reajustes del salario mínimo en los últimos 10 años fueron como sigue:





Fechas del reajuste Porcentajes del reajuste Salario mínimo
Año 1997 15/01/97 10% 528.075
1 15/03/98 12% 591.445
2 01/02/00 15% 680.162
3 01/05/01 15% 782.186
4 01/08/02 12% 876.048
5 01/02/03 11% 972.413
6 01/04/05 12% 1.089.103
7 01/04/06 12% 1.219.795 (año 2007)


528.075 Salario mínimo vital – Año 1997
+ 691.720 7 Reajustes acumulados
1.219.795.- Salario mínimo vital – Año 2007



• Porcentaje de los reajustes: 131%
• Reajuste del salario obrero: 7 veces, 131%
• Reajuste del salario básico del Magistrado: 0 veces, 0,0%


Como se ve, en los últimos diez años, a través de siete reajustes sucesivos, el salario mínimo vital recibió un incremento del 131%, mientras el salario del Magistrado el 0,0 %. Es decir, hoy el obrero común gana más del doble de lo que ganaba entonces, mientras el Magistrado Judicial gana igual que hace diez años. De haberse beneficiado con los mismos reajustes (4.329.000 x 131% = 5.670.990), hoy tendría un salario básico de G. 9.999.990.

2. La relación monetaria guaraní - dólar.

Otro parámetro que puede servir para demostrar el grave deterioro de la remuneración básica del Magistrado Judicial es la relación monetaria guaraní - dólar. En efecto, en el año 1997 el salario básico del Magistrado era de G. 4.329.000 y cada dólar costaba 2.170 guaraníes; luego, el Magistrado ganaba 1.995 dólares mensuales y era realmente un sueldo que permitía vivir con dignidad. En este año de 2007 el salario básico del Magistrado Judicial sigue siendo de G. 4.329.000, pero cada dólar costó en julio de este año 5.069 guaraníes en promedio, por tanto, actualmente el Magistrado gana 854 dólares mensuales.
RELACIÓN MONETARIA DÓLAR – GUARANÍ EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS

JULIO de 1997 1 US$ 2.170 Guaraníes
JULIO de 2007 1 US$ 5.069 Guaraníes
Diferencia: 2.899 Guaraníes

SALARIO BÁSICO DE UN JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA.

JULIO de 1997 G. 4.329.000 = 1995 US$ mensuales.
JULIO de 2007 G. 4.329.000 = 854 US$ mensuales.
Diferencia: 1.141 US$ mensuales.

DEPRECIACIÓN: 1141 dólares = 5.783.729 guaraníes por mes.



El valor de 1.995 US$ en el año 2007. G 10.112.655.-
(Esta debió ser el salario básico actual.)
Menos: G. 4.329.000.-
(Que es el salario actual.)
DÉFICIT SALARIAL: G. 5.783.655
(Lo que el Juez pierde por mes.)
Lo que pierde en un año: G. 69.404.748.-
Lo que ha perdido en 10 años: G. 694.047.480.-

La pérdida del poder adquisitivo del salario del Magistrado es de 1.141 US$ por mes. Esto representa una pérdida de 13.692 US$ por año y 136.920 US$ en los últimos diez años. Traducidas estas sumas a guaraníes nos informa que un Magistrado Judicial pierde en depreciación salarial 5.783.729 guaraníes por mes actualmente, lo que representa 69.404.748 guaraníes por año y su pérdida contabilizada a través de la depreciación monetaria ha sido de G. 694.047.480 en diez años.

3. Índice de precios al consumidor (IPC).

Por si los cálculos anteriores adolezcan de errores o inexactitudes, veamos también el índice de precios de productos básicos registrado anualmente por el BCP. Lastimosamente sólo contamos con los datos de los últimos cinco años, tiempo por el cual el BCP conserva estos datos; no obstante, es un buen indicador dado que a través de proyecciones nos puede aproximar a la realidad. Este parámetro nos ilustra que la depreciación del salario básico del Magistrado, en los últimos cinco años, ha sido como sigue:

DEPRECIACIÓN DEL SALARIO BÁSICO DEL MAGISTRADO
EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS
SEGÚN I.P.C. DEL B.C.P.

Año Registro de inflación. Salario básico del Magistrado. Deterioro en su poder adquisitivo.
2002 14,6 4.329.000 632.034
2003 9,3 4.329.000 402.597
2004 2,8 4.329.000 121.212
2005 9,9 4.329.000 428.571
2006 12,5 4.329.000 541.125
TOTAL 49,1 4.329.000 2.125.539


• El 49,1% de inflación es absorbido por el salario del Magistrado.

• El costo de esa inflación es de G. 2.125.539 mensuales, que multiplicado por 2, para cubrir los diez años, suman un total de G. 4.251.078 + la base de G. 4.329.000 = G. 8.580.078.-


Encontramos que según datos oficiales del B.C.P., la inflación ha llegado en los últimos cinco años al 49,1 %, lo que hace presumir que en los últimos 10 años fue del doble. Correlacionando estos guarismos con los registrados en el salario mínimo obrero, que registró un reajuste de más del 100% y con la diferencia monetaria en los últimos diez años, los datos cierran y certifican que el congelamiento total del salario básico del Magistrado durante los diez últimos años, significa una pérdida del poder adquisitivo de más del 100% y representa más de 5.000.000 de guaraníes mensuales.

Asunción, agosto de 2007.





(*) Tesorero de la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay.