Mientras el procurador general de la República, Nelson Mora, solicitó al ministro de Justicia y Trabajo la declaración de ilegalidad de huelga, sindicalistas anunciaron que la medida de fuerza se mantendrá hasta el 30 de este mes.
Más de mil funcionarios marcharon en la mañana desde el Palacio de Justicia hasta el Congreso, para forzar la aprobación del aumento salarial del 15%. Una vez frente al Parlamento, se unieron a otros doscientos funcionarios que llegaron desde el interior para apoyar la manifestación.
Juan Carlos Olivetti, secretario general del Primer Sindicato de Trabajadores Judiciales del Paraguay (Prisintrajupar), anunció que durante la asamblea llevada a cabo frente al Congreso, se resolvió extender la huelga hasta el fin del corriente mes.
Los funcionarios tomaron la determinación tras exteriorizar su disconformidad ante una propuesta de aumento del 10%, a cambio del levantamiento de la medida de fuerza.
“No encontramos una respuesta favorable de los parlamentarios.
Si ellos querían, podían iniciar el estudio, pero ellos nos dijeron que tienen un cronograma y que lo van a respetar. No tienen en cuenta que la justicia está paralizada hace tiempo, no nos tienen en consideración, entonces la asamblea resolvió que la huelga va hasta el 30”, explicó Olivetti.
Mientras los funcionarios sindicalizados adoptaban esa decisión, el procurador general de la República, Nelson Mora Rodas, solicitaba al ministro de Justicia y Trabajo, Derlis Céspedes, que inicie las medidas tendientes a determinar la legalidad de la huelga realizada por funcionarios judiciales.
En su presentación, Mora resalta que la medida de fuerza causa pérdidas económicas no solo a las partes involucradas en procesos tramitados en diferentes instancias, sino que también al Estado paraguayo, ya que lo priva de la percepción de multimillonarias sumas correspondientes a los ingresos judiciales, destinados a cubrir múltiples compromisos.
“Si bien es cierto la huelga es un derecho constitucional reconocido a los funcionarios públicos, conforme lo prescripto por el artículo 98 de la Carta Magna, eso no implica que el mismo deba usarse en forma irracional y abusiva por los titulares del derecho, ya que siendo la administración de justicia una de las funciones fundamentales del Estado, la suspensión prolongada de sus actividades, más allá de lo estrictamente necesario y razonable, puede ocasionar graves perjuicios y consecuencias imprevisibles para el Estado”, resalta el procurador general.
http://www.abc.com.py/articulos.php?fec=2007-11-21&pid=373490&sec=6&ABCDIGITAL=3b47db74055b7e6a1226cd6a53a8bf20
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